La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración está trabajando en modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberen cuentas financieras relacionadas con actividades ilícitas sin un proceso judicial de fondo. Estas cuentas, bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), están presuntamente vinculadas a delitos como lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada.

 

Durante su conferencia matutina "Las Mañaneras del Pueblo", Sheinbaum enfatizó la necesidad de cerrar las brechas legales que han permitido la liberación de recursos a través de suspensiones judiciales, sin una resolución definitiva. "Cuando hay evidencia de lavado de dinero, corrupción o crimen organizado, y los jueces permiten que los fondos sean desbloqueados antes de un juicio de fondo, eso no tiene otro nombre: es corrupción", declaró la mandataria.

 

En este sentido, destacó la importancia de reformar el marco normativo para garantizar que los fondos solo sean liberados si se demuestra que la UIF cometió un error en la clasificación de una cuenta, evitando que las suspensiones judiciales sean utilizadas para eludir la justicia. "Ya hay una reforma en discusión en el Senado, pero estamos preparando nuevas iniciativas legales para reforzar este mecanismo", añadió.

 

Sheinbaum subrayó que estas reformas, junto con la propuesta de reestructuración del Poder Judicial, buscan garantizar la erradicación de la impunidad en delitos como corrupción y delincuencia organizada. "No protegeremos a nadie involucrado en ilícitos, pero tampoco perseguiremos a nadie por razones políticas. La Fiscalía debe actuar con base en evidencias y ofrecer resultados", afirmó.

 

Por su parte, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, explicó que la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es un instrumento preventivo diseñado para impedir que recursos de origen dudoso continúen integrándose a la economía nacional. Según datos de la UIF, entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, se han agregado 7,815 sujetos a la LPB, de los cuales 5,904 son personas físicas y 1,911 personas morales. A la fecha, permanecen bloqueadas 6,545 cuentas.

 

Gómez Álvarez también informó que la inclusión de estas cuentas en la LPB ha resultado en el congelamiento de 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Sin embargo, 23,575 millones de pesos han sido desbloqueados por resoluciones judiciales, lo que evidencia la urgencia de reformar la legislación para evitar que estos recursos sean utilizados nuevamente en actividades ilícitas.

 

El Senado de la República ya analiza ajustes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y al Código Penal, permitiendo que el Gobierno de México tenga la capacidad de actuar como parte afectada en litigios vinculados con delitos financieros. Además, se estudia una reforma a la Ley de Amparo para evitar que esta figura sea utilizada para socavar la efectividad de la LPB.

 

"La Presidenta está evaluando la posibilidad de presentar una iniciativa que detenga las suspensiones que han convertido al amparo en una herramienta para debilitar la lista de personas bloqueadas", indicó Gómez Álvarez.

 

En relación con la situación de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, el titular de la UIF lamentó que una orden judicial haya eliminado a ambos de la LPB, permitiéndoles acceder nuevamente al sistema financiero mexicano a pesar de que existe una orden de aprehensión en su contra. No obstante, aseguró que se espera su extradición desde Estados Unidos para que enfrenten la justicia en México.

 

Con estas acciones, el Gobierno de México refuerza su compromiso con la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, cerrando las puertas a los mecanismos legales que han permitido que recursos de origen ilícito sigan operando en el país.

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